A poco de la partida de la flota ballenera japonesa en dirección a las aguas del Santuario del Océano Austral para iniciar una nueva temporada de “cacería científica”, la Cancillería Argentina emitió un comunicado a través del cual, en forma conjunta con los Gobiernos de Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) e integrantes del llamado «Grupo Buenos Aires» (GBA), hicieron público su más firme rechazo a la continuidad de las operaciones balleneras del gobierno de Japón .
A través del comunicado, el GBA reiteró su firme compromiso con la conservación de las ballenas, el mantenimiento de la moratoria comercial en vigencia desde 1986, la promoción del uso no letal del recurso y el respeto a la integridad de los santuarios balleneros reconocidos por la CBI, y exhortó al Gobierno del Japón a poner fin a la caza científica que realiza en un santuario que fue establecido por la CBI precisamente con el objetivo de proteger a las ballenas.
PRETENDEN CAZAR 900 BALLENAS
La flota ballenera japonesa zarpó el martes 6 de diciembre en dirección a la Antártida protegida por fuertes medidas de seguridad por temor a acciones de los ecologistas. Tres embarcaciones zarparon del puerto de Innoshima con el objetivo de cazar 900 ballenas, según un documento transmitido por el gobierno nipón a la CBI.
El 25 de octubre pasado, 65 organizaciones civiles ambientalistas de América Latina, el Caribe e internacionales, entre las que se encuentra Fundación Patagonia Natural, ya habían solicitado conjuntamente a los gobiernos a adoptar acciones diplomáticas y de rechazo público frente a esta nueva temporada de caza «científica» de ballenas de Japón en el Océano Austral.
Las organizaciones no gubernamentales en la misiva también alertaron sobre la desafiante actitud del Gobierno de Japón de llevar integrantes de la Guardia Costera. Esto fue recientemente confirmado en los medios de Japón por la agencia Kyodo que anunció que la Guardia Costera reforzará la seguridad como nunca antes se había hecho. Esto sin ninguna duda representa una amenaza a los principios del Tratado Antártico, que establece a las aguas antárticas como una zona de paz y libre de armas.
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