Lo que está ocurriendo es resultado del proceso de privatización, puesto en marcha por el PP en 2005, hace ya 18 años.

2004 – Primer “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que implicó la apertura de 8 hospitales privados, lo cual denunciamos en aquel momento: “En que consiste y por qué es posible la privatización de la sanidad”.

2008 – “Segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias”, por el que se abrieron otros 3 hospitales de modelo privado. El “desembarco” de 12 hospitales privados, sumando el convenio singular firmado con la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia del principal grupo privado beneficiado, Fresenius -antes Quirón-, al que se le “cedieron” 400.000 habitantes “robados” de centros públicos, implicó el cierre de mas de 2.000 camas públicas, y el inicio del trasvase -a fondos de capital riesgo y otros tiburones de las finanzas-, de cientos de millones de € anuales, en concepto de “canon” (alquiler) durante 30 años.

2008 – “Regalo” de dos ambulatorios públicos (Quintana y Pontones), propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la multinacional Capio.

2009 – Cierre de laboratorios públicos (Aranjuez, Coslada, Vallecas) para enviar las pruebas de cerca de 2 millones de pacientes a un macrolaboratorio privado.

2010 – Privatización el servicio de citas médicas, adjudicado a INDRA.

2011 – Supresión de las áreas sanitarias. Nos venden la “libre elección de hospital”.

Ademas, y sin animo de ser exhaustivos, se ha privatizado la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, el mantenimiento, el almacenaje… Paralelamente se han incrementado los conciertos privados mientras se cerraban o reducían al mínimo servicios hospitalarios en centros públicos. Todo ello con total legalidad gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor. Es decir, unos hacen el “trabajo sucio”, y los otros se rasgan las vestiduras. Puro espectáculo.

Este Plan, perfectamente planificado y ejecutado durante dos décadas, ha permitido ir desmantelando y deteriorando el sistema “público” mientras los seguros privados se disparaban.

En lo que respecta a los trabajadores, una vez pasados los aplausos de las ocho, el maltrato ha alcanzado niveles escandalosos, lo que ha forzado la huida de muchos de ellos en busca de mejores condiciones laborales.

Hoy la realidad es esta: Madrid dedica más de la mitad de los 8.500 millones de euros de gasto sanitario público anual a pagar a empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan, y no hay dinero para contratar a dos centenares de médicos para garantizar la atención de urgencias de una comunidad con 7 millones de habitantes.

Estamos seguros, y lo llevamos advirtiendo dos décadas, que la situación no va a acabar aquí. Son capaces de escenarios peores, mas aún en un contexto de crisis energética y social que va a permitir al aparato estatal justificar la reducción aun mayor de los “servicios públicos”.

Los “Ayuso dimisión”, o “La sanidad no se vende, se defiende” son reclamos vacíos. Pueden servir para elevar la autoestima de algunos, pero no dejan de ser mas que una bocanada de oxígeno para los propios privatizadores.