Argentina.
La justicia argentina ha ordenado al gigante biotecnológico Monsanto que paralice la construcción de su nueva planta de maíz en la provincia de Córdoba. La sentencia llega tras las protestas multitudinarias de activistas medioambientales.
La Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la Provincia de Córdoba admitió este 8 de enero un recurso interpuesto por activistas ecologistas y obligó a Monsanto a que detuviera las labores de edificación en su fábrica en el municipio cordobés de Malvinas Argentinas, a unos 650 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. El dictamen también prohíbe al ayuntamiento que autorice la obra hasta que la empresa presente un estudio de impacto ambiental.
Monsanto, por su parte, anunció a través de un comunicado que apelará la sentencia. Aseguró que había cumplido con “todos los requisitos legales”, como señaló un juzgado de primera instancia en octubre pasado que autorizó la construcción. Detalló, además, que ya dispone del informe requerido y que actualmente el documento “está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia”.
La compañía anunció la apertura de la planta de producción de semillas transgénicas de maíz en Córdoba en 2012, declarando que su capacidad de producción anual aproximada será de 60.000 toneladas. El anuncio desató una ola de protestas en la zona: grupos ecologistas vinculan el uso de los pesticidas comercializados por Monsanto con el número creciente de problemas de salud registrados en el país.
Venezuela.
La Ley de Semillas, también conocida como ‘Ley Monsanto’, que pretendía ser aprobada en la Asamblea venezolana será redactada de nuevo y su declaración inicial será debatida y redactada conjuntamente con los campesinos, guardianes de las semillas nativas.
Se trata de una victoria de los movimientos sociales contra los transgénicos quienes ya habían advertido sobre la peligrosidad de la Ley, que inicialmente favorecía la penetración de las trasnacionales de los agroquímicos en el país.
Ahora, la Asamblea Nacional de Venezuela está encargada de elaborar un anteproyecto de ley dirigido a prohibir el uso y consumo de alimentos transgénicos, una normativa que pasará por una consulta pública con el sector productivo y que será debatida en todas las instancias del poder popular antes de su aprobación en el pleno legislativo.
El ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, afirmó este jueves que el anteproyecto de Ley de Semillas “garantizará la participación del campesino y del productor agrícola en los planes de producción de alimentos” y les ofrecerá un “marco legal para defenderse de las empresas transnacionales”.
Asimismo, enfatizó que la Cartera que dirige respalda firmemente la iniciativa, agregando que en Venezuela “tenemos una legislación bien precisa y estructurada en ese tema por sus múltiples implicaciones en la salud humana, ambiental y comercial”.
La redacción de la nueva Ley de Semillas comenzará el próximo lunes 28 y martes 29 de octubre en Sanare, Estado Lara, donde se recogerá la experiencia de los campesinos guardianes de semillas en Monte Carmelo, para continuar luego en el resto del país.
El espíritu de la nueva Ley de Semillas contiene la lucha “para defender al sector agrario de grandes transnacionales como Monsanto, que patentan semillas transgénicas y prohíben a los campesinos comercializar e intercambiar sus semillas originarias”, segunda vicepresidenta del Parlamento, la diputada Blanca Eekhout.
“La semilla es determinante en la garantía de la soberanía alimentaria. Por tanto, necesitamos blindar el marco legal que nos permita impulsar la semilla como elemento de vida y herencia ancestral”, aclaró la parlamentaria.
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