Según el documento, las operaciones conjuntas de policías y militares serán la principal herramienta para combatir este delito que además contamina el medioambiente y contribuye a la trata de personas en las zonas aledañas.

El Ejecutivo podrá regular el uso del ámbito geográfico destinado a la gestión de recursos mineros, las zonas de exclusión minera, decidir la suspensión de otorgamiento de concesiones y el uso de dragas, entre otras facultades.

Asimismo, se fortalecerá el marco legal para investigar, procesar y sancionar a personas involucradas en lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal.

La nueva ley que otorga estas facultades al Ejecutivo entró en vigor el viernes.

En Perú, la minería informal mueve más de 1.000 millones de dólares al año e involucra a unas 100.00 personas, según datos oficiales.

En 13 regiones del país se registra presencia de la minería informal.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la región Amazónica de Madre de Dios, al sureste del país, donde por extraer oro los mineros ilegales han desaparecido unas 18.000 hectáreas de bosque y han dejado miles en riesgo de desaparecer.

En 2010 se produjo 19,6 toneladas de oro en Madre de Dios, lo cual representa el 12 por ciento de la producción nacional.

 

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