Recientemente sostuve una conversación con un funcionario público al servicio de la Generalitat Valenciana que me hizo sabedor de ciertas cuestiones que aunque ya las podía yo intuir no dejaron de interesarme. En particular, la cuestión es que el acoso judicial a que están sometidos los cargos más relevantes de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, lejos de tener como efecto la desaparición de los negocios sucios y la corrupción en el seno de las instituciones, únicamente ha servido para que esos negocios sucios y esa corrupción se trasladen a organismos públicos de menor importancia política, para que así puedan pasar algo más desapercibidos.
Lo que disparó la iniciativa de escribir este artículo es que el funcionario me dijo también que la increíble, pestilente, desvergonzada y repulsiva marejada de negocios sucios, de trato de favor y de otras miserias que tienen lugar en su oficina, necesitan del silencio de los funcionarios y de su complicidad involuntaria, porque toda esa basura pasa por sus despachos y les es perfectamente conocida. Mi confidente me dijo también que ningún funcionario osará nunca iniciar una cruzada privada denunciando esas cosas al juzgado.
Como muchos sabrán, mi reforma de la Constitución recogida y resumida en el manifiesto 2012 contiene la vacuna definitiva contra esta epidemia, pero como muchos también saben esa vacuna es una medida legislativa que nunca será adoptada por la sucia calaña que nos ha caído encima, ya que es obvio que va contra sus intereses. Siendo de esta manera, a mi me parece que cada funcionario público que se encuentre ante estas situaciones y que tenga evidencia documental de ella debería tener un imprevisto descuido y filtrar la información a los medios de comunicación aunque fuera de forma anónima. Estos delincuentes deberían sentir el aliento de la sociedad en sus cogotes y perder la seguridad con la que en estos momentos roban a espuertas. Los funcionarios que lean este artículo deberían plantearse si, en vez de lamentarse en la cafetería de lo mal que está todo, no tendrían la obligación moral de hacer algo por la sociedad y por el país haciendo que los documentos comprometedores cayeran en manos de la prensa. Incluso me parece cada vez más coherente la idea que una vez me comentó un expolítico, que tenía la intención de hacer una página web que recogiera noticias bien documentadas sobre corrupción.
España se cae a pedazos ante nuestros ojos. Los políticos, con ayuda de sus amigos los jueces, la están destruyendo ante nuestros ojos y nosotros tenemos la responsabilidad de impedirlo, cada cual desde su posición en la sociedad y desde sus propias posibilidades . Yo, como abogado, también hago lo que está en mi mano como muchos ya saben. Creo que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad histórica que les exige airear todos los fenómenos de corrupción documentados que puedan pasar por sus mesas u ordenadores. Si todos lo hicieran los políticos sucios hervirían de inquietud y ya no podría seguir ejerciendo la delincuencia organizada.
Tengo que añadir antes de terminar que lo que a mi me piden el corazón, el hígado y las tripas es una rebelión cruenta en la que el pueblo se alce contra los tiranos, prenda fuego a los palacios del poder y no deje piedra sobre piedra. Pero arriba del todo está el cerebro, cuya misión consiste el someter y disciplinar a esas otras vísceras y por lo tanto, ni propongo ni voy a proponer nunca una cosa así. Esto, sin embargo, no significa que tengamos que seguir como estamos ahora, es decir, viendo con mucha calma como acaban con nosotros. Por eso pido el sabotaje activo.
¿Alguna respuesta de algún funcionario público?
Revista: redaccion@otromundoesposible.net
Autor: ortega_abogados@hotmail.com
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