Desde hace más de 100 años, y a imitación de otros países del Norte de Europa en cuyo espejo nos mirábamos, en España se ha promovido la ordenación de montes como una herramienta que permite planificar, gestionar y controlar los aprovechamientos forestales que se llevan a cabo en un monte. Además de mantener una renta económica más o menos fija en el tiempo, esta ordenación de los montes permitía conjugar los intereses económicos con los sociales y ambientales. Madera, resina, miel, ganadería, leñas, recreo, conservación del suelo, biodiversidad…..Un plan de gestión era la forma alcanzar la multifuncionalidad de los bosques.
Pues todo esto, según el Gobierno del Partido Popular, son paparruchas. El liberalismo señala el nuevo camino, el que nos lleva a la sacralización de la propiedad privada y la libertad individual, sea de un particular o de una empresa. ¿Y el bien común? ¿y los servicios ambientales de los ecosistemas forestales? Paparruchas también.
Según el proyecto de la nueva Ley de Montes, a partir de ahora sólo los montes de utilidad pública y los montes protectores necesitarán un proyecto de ordenación. El resto, bastará con que el particular firme un “procedimiento de adhesión” a un modelo tipo de gestión.
Según la Conferencia Ministerial de Bosques celebrada en Helsinki en 1993, la Gestión Forestal Sostenible se define como la administración y uso de los bosques de manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros ecosistemas.
Esto sólo es posible con un plan de ordenación, con un plan técnico o algo similar.
El gobierno ha tirado la toalla. La palabra gestión forestal se ha quedado demasiado grande para lo que realmente pretende hacer con los montes. Ahora vamos a cosechar, lo que sea, madera o biomasa, para reducir burocracia y respetar la libertad individual y la propiedad privada. Y a diversificar actividades en los espacios forestales, como construir campos de golf en los monte de utilidad pública.
Si a esto sumamos que el proyecto de Ley de Montes prepara la degradación de facto del cuerpo de Agentes Forestales y de Medio Ambiente a meros auxiliares, quitándose de en medio a un cuerpo motivado y conocedor de las tropelías que se cometen contra el medioambiente. O el mayor riesgo de incendios intencionados que se genera tras la inclusión de una excepción que permitirá a las comunidades autónomas la construcción en zonas forestales incendiadas justificando la existencia de razones de interés general. O que la Ley de Montes también abre la mano a nuevas actividades en los montes de utilidad pública, no necesariamente vinculadas a la vocación forestal, ganadera o ambiental de estos espacios.
Esta ley no debería llamarse Ley de Montes. No porque sea decimonónica, sino porque es realmente una ley de aprovechamientos cinegéticos y forestales. Nada que ver con la concepción moderna de lo forestal. Es una ley que nace vieja.
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