En las provincias del interior del país la fallas constantes en el suministro de agua y electricidad han pasado a ser tristemente cotidianas, el malestar generalizado causa estragos en una sociedad saqueada sin pudor.

Según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)  durante el primer semestre del 2018 en Venezuela se han registrado un total de 1.391 protestas por servicios básicos. 514 por agua potable, 381 por gas doméstico y 496 por electricidad. Distrito capital, Bolívar y Lara han sido los estados con más protestas de calle.

En las principales ciudades del país la situación es deplorable, en Maracaibo las fallas sobrepasan las 10 hora sin luz, mientras que en Caracas los frecuentes apagones imposibilitan el pago con tarjetas bancarias, colapsan el sistema Metro, causan daños materiales y, a su vez crean las condiciones para cometer robos y homicidios. Sin embargo lo mismo se repite en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Miranda.

En Anaco, al oriente de Venezuela hay sectores que llevan 8 meses sin recibir agua a través de los grifos. Se necesita mensualmente un salario mínimo completo para abastecer de agua a una familia de 4 personas.

En el año 2017 el Comité de Afectados por los Apagones documentó 18.221 fallas en todo el territorio nacional. Lo que equivale a casi 50 por día. Los argumentos oficialistas están llenos de contradicciones y todo indica que la incapacidad de gobernar es lo único real.

Las constantes fallas eléctricas que repercuten en la productividad del país también afectan el funcionamiento de quirófanos o salas de emergencia. Datos arrojados de la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la Asamblea Nacional afirma que en el país el 79% de los hospitales tiene problemas en el suministro de agua.

Las escuelas públicas también carecen de suministro de líquido. Un derecho humano fundamental que es violado de la manera más irresponsable. Es un problema estructural que tiene raíz en la falta de inversión y de mantenimiento, que de no llegar a solucionarse podría convertirse en un callejón sin salida para el gobierno.

Dada la insuficiencia de estos servicios el tren ejecutivo toma como medida el racionamiento de los mismos, aumentando potencialmente la distribución inequitativa entre los ciudadanos. Debido a estas medidas sectores a los que llegaba agua en el pasado hoy sufren la escasez del líquido para las actividades diarias.

Pero también ocurre lo mismo con el servicio de aseo urbano. Las calles y avenidas de las principales ciudades de Venezuela se encuentran abarrotados de basura.

Por otra parte, el transporte público es precario, pues la escasez de repuestos para vehículos empeora la situación.

Aunado a esto, en los últimos días el gremio transportista de Venezuela ha levantado su voz de protesta ante las recientes pretensiones del gobierno de establecer un mecanismo, a través del Carnet de la Patria, que consiste en el ‘uso racional’ de la gasolina, según el propio presidente Maduro, alegando que el contrabando de gasolina hacia Colombia y el Caribe ha desangrado a la nación.