Se aprobó el nuevo proyecto de Ley Ambiental con el apoyo de la mayoría del cuerpo legislativo -a excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) cuyos representantes votaron en contra y del Frente para la Victoria (FPV) que decidió abstenerse-, luego de haber despachado el proyecto dos horas del inicio de la sesión.

La medida fue impulsada por el oficialismo, Unión por Córdoba (UPC), y contó con el apoyo del Frente Cívico y Social (FCyS) y la Unión Cívica Radical (UCR) que lograron introducir reformas al texto original.

De acuerdo al Ejecutivo provincial, la nueva ley sancionada “complementa” el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica e implementación del desarrollo sustentable.

Tras meses de resistencia del pueblo cordobés a la injerencia de Monsanto en la provincia, el gobernador Manuel De la Sota anunció el proyecto en febrero para promover la “convivencia ambiental”. Sin embargo, desde los distintos espacios que llevan adelante la lucha contra la multinacional -Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Vecinos Autoconvocados y Madres de Barrio Ituzaingó Anexo-, denuncian que la nueva legislación “está hecha a medida de Monsanto y de los mega emprendimientos” al tiempo que destacan que no fueron convocados a participar del debate.

Quienes votaron contra el proyecto en la Legislatura, aseguran que no se fundamenta en un diagnóstico de las condiciones ambientales actuales de la provincia y concentra mucho poder en la autoridad de aplicación, mientras que la audiencia pública y la consulta popular -ambas de carácter no vinculante- quedan debilitadas.

Asimismo, sí bien la nueva ley establece que los emprendimientos a los que se les haya rechazado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no podrán volver a presentarse, Monsanto podrá hacerlo debido a que la ley no es retroactiva.

Tras dos instancias de postergación del debate en la Legislatura por supuestas “complicaciones”, la multinacional anunció que el nuevo estudio estará listo en el próximo julio, y será confeccionado por URS Corporation, una consultora estadounidense que ha realizado otros EIA para empresas megamineras que operan en el país.

En febrero, la Secretaría de Ambiente de Córdoba rechazó el estudio presentado por Monsanto por considerar que no se identificaban los impactos relevantes ni se presentaba documentación repaldatoria suficiente. Tras esta instancia, De la Sota anunció el nuevo proyecto de ley.

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