Cuestionan sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, pero también otras consecuencias asociadas al modelo agroindustrial de monocultivo y latifundio, como la reducción de mano de obra rural y la concentración de la tierra en cada vez menos manos.

Entre los demandados figuran las principales empresas productoras de organismos genéticamente modificados (OGM), esto es, las variedades de semillas transgénicas -principalmente soja, maíz y arroz- que se venden, en un paquete cerrado, junto con los herbicidas y pesticidas necesarios para optimizar el rendimiento de esa semilla.

El ejemplo clásico es la soja ‘Roundup Ready’ (RR) de la firma estadounidense Monsanto, una semilla resistente al herbicida Roundup, a base de glifosato.

Y la soja, casi siempre transgénica, ocupa ya el 59% de la tierra cultivable en Argentina, según un estudio del Centro de Biodiversidad de Noruega, y sigue contando con el apoyo de un Gobierno que encuentra en las exportaciones sojeras una de sus mayores fuentes de divisas.

Además de Monsanto, han sido demandadas las firmas Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera y Bayer, entre otras productoras de OGM, así como el Estado nacional y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Los demandantes piden a la Corte que exhorte al Poder Ejecutivo a suspender provisionalmente el uso de OGM y agrotóxicos, hasta que se llegue a una conclusión científica sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente.

Pretenden además que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandas a reparar el ambiente y pagar las indemnizaciones oportunas.

La modificación artificial del genoma de las plantas se aprobó en Argentina en 1996, y desde entonces se ha aprobado el uso de 27 semillas transgénicas, diez de ellas śolo en el último año.

Según los demandantes, se emplean en el país 200 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña rural, en algunos casos muy cerca de poblaciones, y a sabiendas de los daños que podrían causar a esas personas.

Pero, como pone de manifiesto la argumentación de esta demanda, no se trata sólo de los peligros para la salud. El modelo agroindustrial asociado al empleo masivo de agrotóxicos y dirigido a la exportación tiende al monocultivo y al latifundio.

Los manifestantes plantean que el modelo del agronegocio compromete la soberanía alimentaria, pues las tierras se dedican a cultivar un único producto que se exporta fuera del país, olvidando las necesidades alimenticias de los pueblos.

 

 

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