Se acusa a la Ong IBIS de haberse dedicado a dividir a las organizaciones sociales,  a financiar la división de organizaciones sociales, a interpretar de manera errónea su papel, su responsabilidad  y su mandato y su compromiso para trabajar en Bolivia. Se argumenta que  ha abusado de la hospitalidad del estado plurinacional, del gobierno y de las organizaciones sociales.

A su vez, el gobierno plantea que si IBIS y otras ONG quieren tener incidencia política, quieren desarrollar programas y proyectos políticos, deberían convertirse en partidos políticos y no usar la máscara de ONG para hacer gestión política contra el gobierno de Bolivia. Se dice también que ésta no es una decisión caprichosa, improvisada, que se hace simplemente por obra y gracia de una voluntad errónea.

Pues bien señores del gobierno nacional, UNITAS, con similares argumentos con los que trabajamos para aportar a la construcción de un país con justicia social, dignidad y soberanía, con los mismos argumentos con los que luchamos para transformar las estructuras de poder y subordinación que anulan las capacidades de pensar y actuar libremente, con el mismo compromiso social con el que actuamos  desde hace décadas para fortalecer la participación social y la democracia, hoy manifestamos públicamente el desconcierto y repudio a la arbitrariedad con la que se determinó la expulsión de IBIS Dinamarca, una ONG de cooperación solidaria que apoyó, a través de múltiples proyectos, a los sectores más necesitados en nuestro país.

Más allá de la documentación y formulaciones políticas e ideológicas de esta organización no gubernamental que mencionó el gobierno al momento de anunciar su expulsión, nos preguntamos cuál es el delito cometido o la ilegalidad en la que ha incurrido esta ONG internacional.

Más aún, nos preguntamos, al igual que se preguntará la población en general,  si en nuestro país hay cada vez menos democracia y más señales de persecución política y restricción de libertades que fueron conquistadas con el sacrificio de vidas humanas.

Desde cuando la acción política tiene límites en nuestro país cuando sin el quehacer político (no partidario) no hubieran sido posibles los cambios estructurales y transformaciones sociales demandados históricamente por los trabajadores, indígenas, campesinos, mujeres y otros sectores sociales en Bolivia?

La amenaza, bajo advertencia pública, a quienes se atrevan a hacer política está fuera de lugar en una sociedad que tiene la práctica de reflexionar, analizar, proponer, disentir, presionar, movilizar, demandar… y el honroso mérito de seguir luchando de pie para alcanzar la justicia y la equidad sobre la base de la defensa de la verdad.

Aquella democracia conquistada va entrando en arenas  movedizas cuando se duda de todo y de nada. Cuando se acusa y se juzga, sin previo proceso ni prueba; cuando se niega el derecho a contrastar ideas y propuestas, cuando se cree que todo ciudadano debe obedecer el mandato de obedecer. Ninguna ONG por muy política y transgresora que sea puede contener lo que a la sociedad civil le pertenece por derecho propio: una voz independiente para expresar su crítica o su acuerdo, para impulsar la movilización o proponer cambios, para participar libremente en la formación, ejercicio y control del  poder político. El derecho a la participación comprende la organización con fines de participación política, conforme a la constitución y a la Ley.

La medida de expulsar a IBIS es una medida de represión directa no solo hacia esta ONG internacional sino a todas las organizaciones de la sociedad civil y pone en situación de vulnerabilidad a las ONG que desde siempre han trabajado por el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y que día a día renuevan su compromiso con los ideales y convicciones que dieron origen a su creación.

En ese sentido, ante este hecho lamentable que, aparentemente no tiene una base legal comprobada al haberse emitido argumentos que no constituyen prueba de algún delito cometido por esta institución, demandamos la revisión de esta medida y solicitamos que cesen las amenazas para atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil y que se garanticen las condiciones propicias para que sigan realizando su acción como actores en el desarrollo.