Se trata en este caso en Ecuador, a fines de la primera década de este siglo XXI, y que ha quedado para un análisis latinoamericano de especificidad y factibilidad de este proyecto para nuestros países, lo constituyó la iniciativa llamada Yasuni ITT. Se trató de la iniciativa política del Estado ecuatoriano de moratoria o suspensión de la explotación petrolera en la reserva amazónica de la biosfera en los territorios del Yasunì de ese país.

El Yasunì es una región extensa conformando un parque nacional de conservación ecosistémica y sociogeogràfica, con aproximadamente un millón de hectáreas de superficie. Desde un punto de vista geográfico y ecológico se encuentra cubierto por un bosque tropical de carácter amazónico, bastante pristino, y de altísima biodiversidad. En especial es relevante anotar que está muy poco penetrado y colonizado por las tecnologías y prácticas de la civilización moderno-occidental. Lo descubrimos casi intocado por los efectos de la ideología que se llama del desarrollo.

Desde el punto de vista humano, lo habitan –o habitaban, por lo que ha sucedido y que veremos aquí–, mayoritariamente, varios pueblos indígenas algunos de los cuales viven en lo que se llama el “aislamiento voluntario”. O sea, comunidades relativamente pequeñas y dispersas, que mantienen un mínimo contacto con la civilización occidental dominante en la sociedad general ecuatoriana.

En relación a lo que conocemos como proyecto social del buen vivir, la iniciativa Yasunì ITT se presenta como:

  1. una decisión de política nacional de conservación de la vida en aislamiento de esos pueblos indígenas (elemento de protección de las comunidades arcaicas);
  2. una acción de respeto en general por las diferentes formas de vida y habitación humana en los territorios de las selvas (el elemento de multiculturalidad);
  3. la conservación de esos territorios en su calidad de selvas prístinas (el elemento de ecología);
  4. una decisión trascendente por dejar sin explotación las reservas petroleras del subsuelo de la región del Yasunì, como opción por no desarrollar proyectos socioeconómicos de carácter primario exportador o extractivista (el elemento de cambio en las prioridades económicas de la sociedad contemporánea, el postdesarrollo);
  5. la opción por conservar lo pristino de esas selvas y su biodiversidad de formas de vida y elementos del paisaje (aguas, montañas); en especial, conservarlas libres de las consecuencias inevitables de contaminación y degradación ecológica que son producto de la instalación de infraestructura y explotación petrolera;
  6. la postura internacional del Ecuador para aportar a la mitigación de los efectos contaminantes planetarios por la continua quema de combustibles fósiles manteniendo los del Yasunì sin intervención productiva moderna (políticas respecto del fenómeno del calentamiento global);
  7. la decisión de política pública del Estado de restarse de los ingresos monetarios para las políticas de reducción de las pobrezas sociales, que habrían resultado de efectivamente llevar adelante la explotación del Yasunì; y
  8. la iniciativa de solicitar a los países industrializados del Norte global compensaciones monetarias equivalentes a esos ingresos nacionales que se restaban de recibir por la vía petrolera que se suspendía. Estas compensaciones se comprometían de usar para una extensión democrática del Ecuador mediante la promoción de las equidades en salud, vivienda, educación, entre otras.

El esquema de realización de esta política nacional bajo el paraguas doctrinario del proyecto del buen vivir, suponía la cooperación financiera de la comunidad internacional en especial en torno de las agencias de la organización de las naciones unidas (ONU). En las condiciones actuales de incremento acelerado planetario de las emisiones de gases de efecto invernadero, una de cuyas causas directas está en el uso intensivo del petróleo, Ecuador se proponía, y proponía internacionalmente, llevar a cabo una iniciativa que favorecía la acción global por la reducción de esas emisiones mediante la suspensión del Yasunì.

Parque Nacional Yasuní, Ecuador.

En este proceso entró entonces a jugar una compleja ecuación económica internacional de raíz cultural moderna. Se procedió a calcular el valor monetario de los llamados “servicios ecosistémicos” que ofrecía para los humanos, por un lado, la conservación pristina de estas selvas, y, por otro, la no quema de los millones de barriles de petróleo eventualmente extraído –cuantificando así el precio de los diferentes beneficios para las sociedades humanas que se estimaban de esa conservación del Yasuni–. Luego, se estimaron las pérdidas en ingresos económicos que había de enfrentar el Ecuador –considerando que ese Estado no contaría con los ingresos monetarios producto de los recursos petroleros no exportados, y para las políticas nacionales de redistribución de ingresos y erradicación de la pobreza–. La relevancia de este punto se entiende cuando se sabe este país como uno de mucha desigualdad socioeconómica, y con amplios segmentos de la población humana viviendo en condiciones declaradas de extrema pobreza.

La ecuación propuesta comprendía, pues, el valor monetario de los beneficios ecológicos y comunitarios descontados como consecuencia de la moratoria petrolera, y las necesidades de ingresos del Estado ecuatoriano para sus políticas sociales. De esta manera, se puede afirmar que el proyecto del buen vivir llegaba incluso a una consideración internacional. La propuesta bajo su inspiración se orientaba hacia una estrategia del “todos ganan”, donde la comunidad internacional recibía un aporte sustantivo de prevención del calentamiento global, mientras el país latinoamericano conservaba la ecología del Yasuni y también podía contar con los ingresos económicos necesarios en sus programas para la erradicación de la pobreza social.

La condición crítica del proyecto demandaba de la comunidad internacional ese aporte económico. Esto es, como participación de los países que llamamos desarrollados en una política de buen vivir –como una decisión de solidaridad con poblaciones empobrecidas de las regiones del llamado Sur global–. Buen vivir significó aquí, al mismo tiempo, beneficios internacionales y beneficios nacionales.

La iniciativa Yasunì ITT se lanzó hacia el 2010, y se detuvo en 2013. Falló la cooperación internacional. El fondo fiduciario que debía acompañar la moratoria petrolera no se cumplió. Entre las causas de este fracaso, sin duda podemos nombrar el lobby internacional de las transnacionales petroleras que consideraron amenazados sus intereses de explotación: el ejemplo de Yasuni podía significar el comienzo de un cambio mundial de signo en las políticas petroleras (una yasunizaciòn).

La ecuación se vació en uno de sus términos. Debido a la ausencia de los aportes financieros comprometidos, el gobierno del Ecuador decidió terminar con esta política del buen vivir. La entrada petrolera en el Yasuni se justificó en cuanto modo de financiamiento de sus políticas sociales. Se dio todavía un interesante movimiento ciudadano que luchó políticamente en contra de esta decisión. Se intentó el llamado a un plebiscito nacional para una decisión con el Yasuni. Sin embargo, el gobierno de esos días comenzó un cambio también en sus orientaciones generales respecto del buen vivir –y, entre ellas, se comenzó a favorecer las políticas socioeconómicas generales proclives al extractivismo.

El balance de este esfuerzo por llevar a la práctica el proyecto social de un buen vivir demuestra las complejidades que implica, y expone las fuerzas sociales opuestas que enfrenta. Pero también pone a consideración cuáles políticas públicas acordes con él son posibles, y señala la lógica que ellas pueden tener. Sin duda, como toda iniciativa política nueva habrá de resolver como enfrentar las fuerzas sociopolíticas que se le oponen. Habrá de madurar las estrategias que son más acordes con sus valores y su modo utópico.