Según la ONU, España es el país más árido de Europa. Un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas por este fenómeno son la vertiente mediterránea y las Islas Canarias.
La sobreexplotación de los recursos hídricos, la tala indiscriminada de bosques, la agricultura intensiva y el sobrepastoreo, los incendios, y la ocupación del suelo para el negocio inmobiliario resultan en gran parte responsables de esta situación.
A los problemas causantes de este fenómeno y de la sequía se suman los efectos que el cambio climático está provocando a nivel global. El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones son sólo dos de los múltiples efectos producidos por el incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Las previsiones para la Península Ibérica son que los periodos de sequía serán más frecuentes y más intensos que los actuales.
“La desertificación es fundamentalmente un problema de desvinculación entre los recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota, o sea, es ante todo un problema de desarrollo sostenible”, advierten desde Greenpeace.
La organización reclama tomar medidas urgentes que impidan seguir perdiendo, cada año, millones de toneladas de suelo arrastrados por el agua y el viento junto con las especies que ahí se albergan como consecuencia del avance de los procesos de desertificación:
- Cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras, que ha demostrado su ineficacia, hacia una gestión más hidrológica y ambientalista ya que el agua es un bien escaso y limitado, por lo que la solución a la escasez está en una gestión racional y de fomento del ahorro.
- Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con una fuerte apuesta para el ahorro energético y la gestión de la demanda de energía y la sustitución de las centrales térmicas y nucleares por renovables. Además pide un Plan Nacional de Asignación para 2008-2012 riguroso con el Protocolo de Kioto.
- Tomar en cuenta parámetros medioambientales en la política energética. Actualmente está centrada en producir electricidad sin tener en cuenta los efectos del cambio climático y la escasez de los recursos hídricos.
- Proporcionar una política forestal acorde con las necesidades del país más árido de Europa, con medidas de reforestación y de control del suelo urbanizable, lucha contra incendios y talas indiscriminadas, que se protejan los bosques primarios promoviendo el uso de madera certificada FSC.
- Primar la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima en detrimento de los monocultivos intensivos y de las variedades transgénicas, altamente demandantes en agua, productos químicos y petróleo.
- Poner freno a la edificación asociada a la construcción de campos de golf, sobre todo salvaguardando las costas.
Daniela Coello
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