En cualquier caso, quizás sea interesante comenzar realizando un repaso a las definiciones que diversos organismos y especialistas hacen de la economía sumergida, es decir, de aquella que no aflora a la superficie de los balances oficiales.
Según el ICE, instituto español dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, entre la producción recogida en las cifras oficiales y la que realmente se alcanza en un país durante un año, existe un amplio espacio que no viene reflejado en las estadísticas.
En este intervalo coexisten tres categorías diferentes de hechos económicos, de los cuales sólo los dos últimos forman parte del concepto de economía sumergida. La primera estaría formada por aquellas actividades que al no tener mercado, no pueden reflejarse en las estadísticas (uno de los ejemplos más claros es el trabajo realizado por las amas de casa), por lo que solo podrían tenerse en cuenta las que pudiendo ser legales por su naturaleza, son ocultadas conscientemente a las autoridades económicas para evadir impuestos o incumplir regulaciones, y las relativas a la producción de bienes y servicios declarados ilegales en las normas de cada país.
[La economía informal “es el conjunto de actividades económicas que, aunque no cumplen con las regulaciones oficiales, no engloban actos criminales”]
Para la OCDE, se puede considerar economía sumergida a toda aquella actividad que se realiza “en cualquier sector de la economía, tanto público como privado, sin ser declarado, recogiendo los casos de doble actividad, empleo estacional, actividades poco remuneradas, la formación paralela (aprendices no remunerados), el trabajo ilegal y las actividades realizadas por personas que reciben prestaciones sociales”.
Como vemos, éste organismo relaciona una serie de actividades susceptibles de englobarse dentro de la informalidad, pero acudiendo a la definición que al respecto realiza la Comisión de la Unión Europea, nos encontramos un nuevo matiz, ya que para ésta, la economía sumergida comprende “cualquier actividad remunerada que es legal en cuanto a su naturaleza, pero que no es declarada a las autoridades públicas”.
Esta es ya una mayor aproximación al fenómeno, puesto que centra la definición entre actividad de origen lícito, aunque no declarado, y actividad de origen ilícito. Así pues, no se consideran englobadas dentro de la economía sumergida las actividades económicas relacionadas con las organizaciones delictivas y criminales ni, siendo estrictos con la interpretación, tampoco aquellas derivadas de los delitos de evasión fiscal.
Ya vimos en anteriores ocasiones, que las estimaciones más fiables cifran en 800.000 millones de euros el volumen anual de negocio generado por las redes delictivas en todo el mundo, mientras que la elusión global de empresas y particulares con actividades lícitas y declaradas (mediante el uso de centros offshore), se asume que pueda alcanzar los 3,5 billones de euros al año.
No obstante, como las actividades de elusión fiscal no dejan de pertenecer a la legalidad en algún lugar del mundo, no son consideradas sumergidas aún a pesar de provocar los mismos daños a las sociedades, mediante la merma de recursos para los Estados.
A este respecto, cabe citar la definición realizada por el economista peruano especialista en la materia, Hernando de Soto, cuando afirma que la economía informal “es el conjunto de actividades económicas que, aunque no cumplen con las regulaciones oficiales, no engloban actos criminales”.
Para ubicar el marco cuantitativo del suceso, podemos transcribir las estimaciones referentes al número de personas que se ven afectadas de una u otra manera por este tipo de actividad, y que diversos estudios calculaban a principios de ésta década en cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 160 millones no tenían ningún tipo de empleo, mientras que el resto poseían trabajo en precarias condiciones y sin declarar.
Algunos analistas, como la experta italiana Loretta Napoleoni, cifran el volumen global de la economía sumergida en cerca de un 25% del PIB mundial, pero fuentes más empíricas, como el informe publicado por la revista norteamericana The Economist, elaborado por el economista austriaco Friedrich Schneider, sitúan el volumen de actividad económica informal o sumergida en un montante total próximo a los 7,5 billones de euros, que para que nos podamos hacer una idea más exacta, es equivalente al 68% del PIB estadounidense en 2006, y al 209% del de la segunda economía individual del mundo (sin considerar UE), Japón.
O lo que es lo mismo, cerca del 20% del PIB nominal de los 180 países sobre los que posee datos el Fondo Monetario Internacional.
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ECONOMÍA SUMERGIDA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS.
Limitando el análisis a los últimos 30 años, recordaremos como durante las crisis de los años 70, 80 y 90, las economías mundiales sufrieron importantes episodios recesivos (fundamentalmente en las dos primeras para los países desarrollados), lo que motivó incrementos en los índices de desempleo a escala internacional, y de forma igualmente significativa en los países desarrollados.
En éstos últimos y en base a esos precedentes, una parte apreciable del desempleo basculó hacia el trabajo informal. Las motivaciones fundamentales para esa opción, había que encontrarlas en la imposibilidad de las personas para encontrar otro tipo de empleo que les proporcionase los ingresos necesarios para subsistir.
De esta manera se generó una importante bolsa de trabajadores por cuenta propia o independientes, cuya actividad no era declarada, así como empleos por cuenta ajena sin contrato ni Seguridad Social.
No obstante, en la actualidad las causas que justifican el mantenimiento de este tipo de empleos se deben buscar en otras razones. La persistencia en los países desarrollados de importantes índices de economía sumergida, refrendada por el elevado porcentaje de efectivo en circulación, parece responder a la voluntad de evadir impuestos, la compatibilización con otras actividades, una mayor flexibilidad horaria y, fundamentalmente, al empleo en términos abusivos del imparable flujo migratorio, desde los países menos desarrollados, de personas carentes de documentación y capacitación laboral.
En cualquier caso, la Unión Europea cifraba el porcentaje de economía no declarada a finales de los 90, entre un 7 y un 19% del PIB de los entonces 15 miembros. Actualmente, según los estudios estadísticos de Schneider, estos porcentajes se han ampliado a una horquilla que va desde el 15 hasta el 30%, y ello a pesar de que la economía internacional no ha sufrido durante estos últimos siete años ningún episodio importante de crisis económica. Por lo que respecta a los Estados Unidos, este ratio se sitúa en el 14%.
Esto implica el afianzamiento de una segmentación del mercado laboral entre el trabajo formal y el informal, contradiciendo la teoría clásica que asimilaba su aparición y aumento con la existencia de procesos recesivos, lo cual no puede explicarse en el momento actual, si no es debido a la captación hacia el ámbito de la economía sumergida (trabajo doméstico, en el campo, en la construcción, etc.) del constante flujo de mano de obra inmigrante indocumentada.
EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO.
Quizás en estos países fue donde más se hicieron notar las crisis de los ochenta y noventa, y de forma añadida, las consecuencias coyunturales de las recetas de ortodoxia económica de saneamiento, impulsadas por el FMI y el Banco Mundial.
En estos países se estima que la mano de obra en la economía sumergida asciende a entre un 50 y un 75% en función del país, si bien el valor de la renta que generan asciende no obstante a cerca de un 35% del PIB, debido fundamentalmente a su falta de competitividad ante la ausencia de medios.
[La población rural abandona el campo y accede a las ciudades en busca de mayores oportunidades de futuro]
Son ilustrativos los ejemplos del comercio callejero (streetnet) en Iberoamérica y del transporte privado en Sudáfrica, sectores ambos donde reina el empleo informal.
En el caso iberoamericano, la expansión de la economía sumergida, aparte de las recesiones mundiales, se fundamenta en una particular idiosincrasia local. Siguiendo la tendencia de las últimas décadas en todo el mundo, la población rural abandona el campo y accede a las ciudades en busca de mayores oportunidades de futuro, con lo que la economía formal se ve incapacitada para absorber estos flujos. Además, según Hernando de Soto, cuando una persona quiere establecer su propio negocio, necesita contratar los servicios de un abogado y luego dedicar meses a recabar los permisos necesarios por una multitud de oficinas públicas, además de tener que pagar a funcionarios para agilizar los trámites, de tal suerte, que las leyes parecerían pensadas para impedir el acceso al trabajo.
Ante la disyuntiva de renunciar al trabajo en nombre de la legalidad ó renunciar a la legalidad en pos de un trabajo, la gente renuncia a la legalidad y sale a la calle a vender cualquier cosa, monta sus talleres de fortuna y en general inventa cualquier trabajo o actividad tendente a procurar el sustento de su familia.
En definitiva, parece que las motivaciones para insertarse en la economía informal en iberoamérica, parten por un lado de la voluntariedad en el caso de los trabajadores independientes, mientras que los asalariados lo hacen de forma involuntaria ante la negativa del empleador a formalizar su situación.
Es interesante también referirse a la teoría desarrollada en 1970 por el profesor Albert Hirschman, de la universidad de Harvard. Para él, se debe valorar el concepto de escape (exit) a la hora de hablar de economía informal.
Según un informe del Banco Mundial, desde este punto de vista, “muchos trabajadores, empresas y familias escogen su nivel óptimo de adherencia con las reglas y las instituciones del Estado, dependiendo del valor que asignen a los beneficios netos relacionados con la formalidad y al esfuerzo y la capacidad de fiscalización del Estado. Es decir, realizan análisis implícitos de costo-beneficio acerca de si deben o no cruzar el margen pertinente hacia la formalidad, y con frecuencia deciden no cruzarlo.
Según esta perspectiva, los altos niveles de informalidad son como consecuencia de que un gran número de empresas y personas optan por no pertenecer a las instituciones formales, lo cual implica un cuestionamiento de la sociedad hacia la calidad de los servicios del Estado y de su capacidad para hacer cumplir las normas”.
Igualmente, añade que “un trabajador pobre, excluido de los servicios de salud porque vive en una zona rural remota o en un barrio pobre de la ciudad, tampoco le encontraría sentido a pagar impuestos laborales por unos servicios a los cuales no tendría acceso”.
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EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS.
Si en los países desarrollados y en vías de desarrollo la economía sumergida es una cuestión, en parte, de decisión personal, en los países subdesarrollados el asunto se convierte en una necesidad vital. Son países en los que la informalidad en la economía puede llegar a alcanzar cotas superiores al 70%, según el estudio de Schneider.
[“Los bajos ingresos que se obtienen de estos empleos, crean un círculo vicioso de pobreza”]
En unos estados donde la escasa reglamentación y la elevada corrupción imposibilitan la estructuración del territorio y la economía, pensar en la existencia de un sistema económico donde los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo digno y dentro de las normas legales, no deja de ser una utopía.
¿Imaginan ustedes un pastor nómada del Serengueti, en el interior de Tanzania, con una ocupación de subsistencia, dándose de alta para registrarse como trabajador autónomo y regular fiscalmente sus intercambios de carne y curtidos por otros artículos de necesidad?.
Como pueden comprobar, a estas personas no les queda más remedio que ocuparse por si mismas de buscar el sustento para sus familias, por lo que hablar de economía informal en estos países puede que no sea del todo acertado, o al menos englobar el problema junto con el de los países desarrollados o en vías de desarrollo no resulta coherente.
La problemática que afrontan estas personas tiene mucho más que ver con problemas básicos de la vida, que en ninguna otra parte del mundo. Debido nuevamente al flujo migratorio del campo hacia las ciudades (cuando no a otros países), la posición de fragilidad a la que se enfrentan provoca que un elevado número de hombres, mujeres y niños se vean abocados a realizar infratrabajos en condiciones míseras y paupérrimas.
Recogida de desperdicios para su reutilización, trabajos en minas, en fábricas y en un largo etcétera, son abordados diariamente por cientos de millones de niños a lo largo del planeta, con especial incidencia en el tercer mundo, sin ningún tipo de seguro ni registro, en la más absoluta marginalidad respecto al sistema.
Igualmente, en sus casas, más de ciento sesenta millones de mujeres del tercer mundo, realizan trabajos añadidos a los propios del hogar para apoyar la economía familiar. Y lo hacen sin ningún tipo de contrato ni seguro, y con unas muy bajas retribuciones.
Según las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la reunión de 2002, “es la pobreza la que fuerza a la mayoría de las personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía informal. Los bajos ingresos que se obtienen de estos empleos, crean un círculo vicioso de pobreza”.
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IMPLICACIONES.
Evidentemente, tanto la intensidad del problema como sus consecuencias, variarán de un país a otro. No tendrá las mismas repercusiones en Francia, en México o en Ruanda, por ejemplo. De hecho, en los países desarrollados la problemática que rodea a la economía sumergida es fundamentalmente de orden técnico, fiscal y, si ustedes quieren, de orden moral hacia las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los asalariados informales.
En estos países, se valoran los índices de economía sumergida puesto que afectan directamente a las finanzas públicas e implican una menor recaudación, dificultando el papel del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos dentro del estado de bienestar del que gozan.
Igualmente se tratan de analizar sus proporciones, dado que su existencia induce a error en las magnitudes macroeconómicas y, por consiguiente, sobre las medidas de política económica que se deben tomar en cada momento. Así mismo, a la hora de calcular la redistribución de recursos entre regiones, las cifras de renta per cápita pueden estar distorsionadas en función de la mayor o menor incidencia, en cada una de ellas, de la economía sumergida.
[El intercambio global de información, disparará previsiblemente los actuales índices de opacidad económica]
Además, la existencia de este tipo de actividad económica implica reconocer que todos los agentes económicos no operan con las mismas reglas, de tal suerte que los que respetan la legalidad asumen unos costes de funcionamiento (vía impuestos, tasas, cargas, etc.) muy distintos de aquellos que operan total o parcialmente ocultos. En última instancia se produce una distorsión de la competencia perjudicial para las empresas que operan dentro de la legalidad, siendo estas últimas las que comúnmente tienen más capacidad de desarrollo futuro, en base a su capacidad para acceder a créditos, equipos, tecnología y capital humano de alta cualificación, lo que permite un mayor valor agregado a su producción y una mayor competitividad.
También se analizan las consecuencias que próximamente tendrá sobre la economía la cada vez más extendida actividad en base a la red, con autoempleo, oficinas virtuales y teletrabajos, fácilmente ocultables. Dándose además el fenómeno de que el intercambio global de información, disparará previsiblemente los actuales índices de opacidad económica, con independencia de la propia piratería que, al ser un delito, no está englobada en este concepto.
Otro aspecto que genera continuos debates en los parlamentos de los países desarrollados afecta a la inmigración. La gestión ética de este fenómeno creciente e imparable, se ha convertido en una de las principales preocupaciones en sus sociedades. Al margen de encontrar fórmulas para garantizar una adecuada integración social de estos nuevos ciudadanos, evitar que acaben formando parte de un círculo vicioso en el que, simultáneamente, padecen e inducen la existencia de la economía sumergida, se ha convertido en una prioridad.
Por el contrario, la problemática en los países en desarrollo posee otras connotaciones.
La profusión de autoempleos sin registrar responde de forma inversamente proporcional al grado de seriedad y eficacia con el que los ciudadanos perciben sus instituciones estatales.
Según datos del banco mundial, la mayor parte de las empresas que operan en la informalidad, poseen menos de cinco trabajadores, no tienen potencial de crecimiento debido a la alta rotación de personal, su capacidad de acceso a crédito es muy baja y además cuentan con un número limitado de clientes con los que previamente existe algún tipo de relación personal, teniendo un escaso acceso al mercado general, motivo por el que su productividad permanece en cotas muy bajas y con escaso valor agregado.
En paralelo, citan la complejidad burocrática para la creación de las empresas como un factor desincentivador, así como el elevado número de ciudadanos indocumentados.
[Por lo que respecta a los países subdesarrollados, el problema es antes social que económico]
Respecto al Estado, su incapacidad para corregir las desigualdades, para hacer cumplir las leyes y para combatir los episodios recurrentes de inestabilidad macroeconómica, junto con la percepción de corrupción y de su captura por grupos de interés, es otro de los elementos que más favorecen la opción de escape hacia el sector informal, también según el Banco Mundial.
Por lo que respecta a los países subdesarrollados, el problema es antes social que económico. La incidencia de los empleos abusivos en los sectores más desprotegidos de sus sociedades, niños, mujeres y desplazados internos, convierten este fenómeno en un asunto de condiciones básicas de vida, que no deben abordarse simplemente como economía sumergida. Deben ser motivo de otro debate dos pasos más atrás de este.
En cualquiera de los casos, tanto en los países en desarrollo como en los subdesarrollados, parece que el fortalecimiento y legitimación del comportamiento de los estados es un paso previo para invertir la tendencia de sus ciudadanos hacia la informalidad.
Internacionalmente, una visión más global de los flujos migratorios (internos y externos) se hace imprescindible para prever los escenarios que pueden provocar la marginalidad futura.
También el avance en la política de concesión de microcréditos a empresarios en origen, es una línea muy interesante que se debe fomentar, dado que facilita el acceso a las rentas y a una existencia legal de los ciudadanos.
