¿Y ahora qué?
“El libre mercado ha muerto en nuestro país”. Son las palabras del senador republicano norteamericano Jim Bunning, referentes a las medidas de intervención del Tesoro ante la crisis financiera. Es el asombro del liberalismo ante el inevitable e impensable intervencionismo del Estado.
Ante esta situación forzada por la inmersión de los sistemas financieros y de mercado en el ojo del huracán de la crisis, salen a la palestra conceptos tan denodados para unos y ensalzados por otros como las nacionalizaciones y las intervenciones versus los comportamientos de la libertad de mercado.
A finales del siglo XIX y durante buena parte del XX las teorías económicas dividieron a proteccionistas y librecambistas. Los nuevos Estados emanados de las independencias de sus respectivas metrópolis y, pese a las dependencias tecnológicas y de explotación de las sociedades europeas, trataron de reorganizar su sistema económico haciéndose con los medios de producción. No obstante, el desconocimiento del comportamiento de las leyes de mercado y el difícil acceso a estos, determinó que, pese a disponer de los recursos, la deformación estructural de sus economías les conducía de nuevo a unas condiciones de dependencia, esta vez financiera y económica. ¿Y ahora qué?, se preguntaron los nuevos dirigentes y tuvieron que recurrir al sistema de mercado impuesto por las mismas u otras metrópolis. El carácter pseudo colonial de los nuevos Estados impulso una modernización y crecimiento económico tan sólo virtual y sometido al concierto empresarial de otros.
A partir de ese punto, en muchas de esas naciones, aparecen las políticas de nacionalizaciones impulsadas por regímenes populistas, como el varguismo brasileño o el peronismo argentino. Las nacionalizaciones no llevaron al soñado desarrollo independiente, ni aumentaron su influencia en los mercados mundiales, ni consiguieron mejorar su capacidad competitiva. Por ejemplo, en Bolivia ya hubo dos nacionalizaciones anteriores, en 1937 y 1969, que condujeron a una nueva privatización y a este ejemplo podríamos añadir otros en el continente africano o en el asiático.
El derecho a las nacionalizaciones
Ni jurídicamente, ni doctrinalmente, se puede negar la potestad y autoridad que tiene un Estado para ejecutar su soberanía sobre los recursos naturales que le son propios. Pero, por otro lado, las empresas afectadas también pueden recurrir a medidas de tipo jurídico para defender sus intereses, puesto que, en algún punto de la historia o del tiempo el Estado otorgó las debidas concesiones para el establecimiento de esas compañías entendiendo que era lo mejor para el desarrollo del país. Dejaremos aparte, por ser otro tipo de polémica, sí los dirigentes del momento actuaron con menor o mayor buena fe o movidos por otros intereses y que no son objeto de este informe.
Por tanto, nadie discute que la nacionalización de los recursos naturales en los países en vías de desarrollo sea un acto legítimo. Sin embargo, las nacionalizaciones tampoco deben afectar los derechos contractuales de las empresas implicadas, salvo que su concurso sea desleal o dañino para los intereses nacionales.
Sabido es que varios países de Latinoamérica viven una ola de nacionalizaciones bajo los principios de que sus presidentes quieren llevar adelante una serie de reformas para corregir los estilos neoliberales, que son el modelo económico que caracteriza, hasta ahora, al entorno político y social de la región. El argumento principal es que el Estado puede garantizar mejor los servicios que las entidades privadas. En ellos se incluyen el mantenimiento o aumento del empleo, el desarrollo nacional, la utilización de los beneficios hacia fines sociales, la reinversión de los beneficios en el propio país o la solvencia empresarial. Todo ello sería cierto si no se dependiera de realidades globales y del mercado exterior.
En cuanto a los derechos de las entidades que están afectadas, el derecho internacional exige que no debe violentarse la propiedad privada salvo que esta sea obtenida ilegalmente, bien por que su actual propietario sea otra entidad a la que se transmitió voluntariamente o bien porque el adquiriente no haya cumplido las obligaciones contractuales. De existir la más mínima sospecha de que los derechos de explotación extranjera de los recursos patrios fueron obtenidos ilegalmente, vulnerando las reglas del concurso de adjudicación, el gobierno afectado debe denunciar el hecho ante los tribunales de su país y el de las organizaciones internacionales garantes en estos conflictos. Esto dará la posibilidad de, asimismo, garantizar a la entidad o a la empresa a defenderse de los actos y hechos que se le imputan. Si no existe ilegalidad alguna en la condición de propietario, pero el Estado considera que esa propiedad privada no responde al interés común que está obligado a defender, podrá retraer para si la propiedad privada, compensando en lo que proceda a la empresa privada. La solución de la expropiación forzosa indemniza la cesión con el resarcimiento económico de lo nacionalizado.
¿Qué camino tomar?
Las nacionalizaciones no deben considerarse buenas ni malas por definición. Depende del momento, del modo y sobre todo, de cómo se gestione lo nacionalizado. Hoy, la mayoría de los países que cuentan con grandes recursos en hidrocarburos, desde América Latina a África, pasando por Oriente Medio, los tienen nacionalizados. Es decir, se consideran un bien público. A partir de este punto las opciones son diversas y variopintas.
Recientemente, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y envió al Congreso un proyecto de ley para formalizar la operación. Su Gobierno y el grupo español Marsans -hasta ahora el accionista mayoritario de la compañía- llegaron a un preacuerdo para el traspaso de los títulos al Estado de las aerolíneas argentinas incluyendo la readquisición de la subsidiaria Austral, que opera vuelos domésticos. Argentina retoma el control de sus aerolíneas para sanearla y ofrecerlas al capital privado en un plazo aún no establecido. La compañía fue fundada en 1950 por el presidente Perón y llegó a ser una de las mayores compañías aéreas del mundo. Privatizada en 1991, adquirida por Iberia por 560 millones de dólares, pasó por American Airlines, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de España y en los últimos siete años el grupo Marsans. Ahora vuelve, sin problemas y por acuerdo mutuo a manos estatales.
Otro ejemplo de moderación es el de Ecuador. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se aleja del modelo de nacionalización energética de los gobiernos de Bolivia y Venezuela. En los últimos meses ha logrado interesantes acuerdos con algunos inversores para estabilizar el bombeo del crudo sin una explotación agresiva. Correa, economista formado en los Estados Unidos, convenció a las petroleras (incluyendo a la española Repsol-YPF y a la brasileña Petrobras) para renegociar nuevos contratos y reconvertirlas en prestadoras de servicios.
En el otro extremo estás Venezuela y Bolivia. En abril, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nacionalizó la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la mayor acería del país, con el argumento por el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo de trabajo entre el sindicato y el consorcio argentino Ternium, mayorista accionaral. Este es sólo uno de los eslabones de la política venezolana al respecto, la anunciada intención de nacionalizar el Banco de Venezuela, 3er. Banco del país con 285 oficinas en todo el país, 3 millones de clientes y 4.565 empleados y hasta ahora del Grupo Santander. El grupo Santander ha invertido en el banco de Venezuela 770 millones de dólares y 6 años y medio han obtenido 1.397 millones de beneficios. Un ejemplo de eficaz gestión que el Estado venezolano debería poder continuar y según su discurso del pasado 31 de julio, para invertir los beneficios en el desarrollo social-socialista.
Otra de las empresas nacionalizadas es Electricidad de Caracas en el año 2000 AES Corporation, compró a la familia Zuloaga el 58% de las acciones de EDC (Electricidad de Caracas) por un importe de 300 millones de dólares. Además se prevé un ambicioso plan de nacionalización de sectores económicos estratégicos de Venezuela en la Faja del Orinoco, donde se supone está la mayor reserva mundial de crudo.
Verizon Communications, la operadora estadounidense, anunció la venta de sus acciones a la venezolana CANTV, a Telmex y Américan Móvil. La transacción preveía un desembolso de 676,7 millones de dólares, lo que significaría 21,10 dólares por cada ADR (American Depositary Shares), la negociación duró varios meses. El pasado 10 de enero en Caracas, el presidente reelecto, Hugo Chávez, anunció sus planes para nacionalizar la compañía telefónica nacional, CANTV.
Si Chávez puede convencer a las empresas que se queden, pese a establecer condiciones más duras, Venezuela podría estar en condiciones de desarrollar el depósito de crudo más grande del planeta. En el Proyecto de la Cuenca del Orinoco participaban seis empresas extranjeras: las estadounidenses Cocono Phillips, Chevron y Exxon Mobil, junto con la británica BP, la noruega Statoil y la francesa Total. Si la empresa petrolera estatal PDVSA puede llegar a acuerdos con todas ellas, con las negociaciones sobre el accionariado y la posibilidad de compensación para las refinerías, Venezuela daría un salto cualitativo en su desarrollo. Todo se reduce a encontrar un punto de colaboración, pero también a una buena gestión. Los pactos ayudan al presidente Hugo Chávez a mostrar que un país socio de la OPEP puede trabajar con capital extranjero.
En el caso de Bolivia, las nuevas nacionalizaciones repetirán el modelo que comenzó el 1 de mayo en el sector petrolero. Las compañías petroleras Andina, Chaco y Transredes, pactaran el reparto de las acciones que posen y que están destinadas al Fondo de Capitalización Colectiva (un fideicomiso destinado al pago de una renta de vejez de mil 800 bolivianos, o Bonosol, para las personas mayores de 65 años). Mediante esta adquisición, el Estado obtendrá entre el 47,2% y el 49,9% del patrimonio de empresas de telecomunicaciones, generación eléctrica y ferrocarriles, pero sin controlar el funcionamiento de las mismas. Con el tiempo se tratara de adquirir más acciones para que el Estado vuelva a administrar la mayor parte de estas empresas, de las que perdió el control en 1996 y 1997. Tal vez es la mejor solución para todos, los inversionistas mantendrían la administración de las empresas, aunque pierdan la mayoría accionarial y, por tanto, el control. El 1º de mayo, el presidente Evo Morales anunció la nacionalización de la compañía telefónica Entel, filial de la italiana Euro Telecom Internacional. El presidente anunció una reducción de entre un 17 y un 22 por ciento de las tarifas de telefonía móvil de prepago y dijo que con esta nacionalización se está avanzando en lograr que los servicios básicos, sea teléfono, agua o electricidad, “no sean un negocio privado” y pidió éstos sean considerados parte de los derechos humanos. Recordemos que el Estado boliviano recuperó la totalidad del control de sus hidrocarburos a través de la recompra de las acciones de la española Repsol YPF, que llevó aneja la estatización de las empresas Chaco, filial de British Petroleum; Transredes, subsidiaria de la también inglesa Ashmore, y Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), de inversionistas alemanes y peruanos. Esta forma de actuación permite recuperar el control estatal de las empresas estratégicas sin perjudicar a los inversores y sin desanimar a inversores y accionistas.
En cambio el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que las recientes nacionalizaciones de empresas privadas en Bolivia y Venezuela significan retroceso para la región, porque solo traerán pobreza y subdesarrollo y comentó que “esto ya se probó en la década de los 70 cuando el gobierno militar nacionalizó una parte de la banca y la minería, y el Perú poco a poco se fue parando, y nos tardó 20 años recuperarnos”. Perú en la década de 1970, durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado tuvo que indemnizar con varios cientos de millones de dólares a empresas extranjeras por un centenar de empresas que nacionalizó.
Como vemos el tema no es nada fácil y como decíamos más arriba, depende de momentos, geografías y modos de pensar. No obstante, el desarrollo implica inversión y las inversiones exigen beneficios. Beneficios justos.
Al otro lado del espejo
La imagen del otro lado, la del libre mercado, también presenta sus claroscuros y sus contradicciones. El cuarto banco norteamericano, Lehman Brothers, se declaró en bancarrota. La prestigiosa firma Merrill Lynch, ha tenido que venderse al mejor postor, en este caso al Banco de América. Las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, se hunden en sus propios créditos. La compañía de Seguros más importante del país, AIG, está condenada a la quiebra.
Ante esta situación la administración Bush contempla atónita una crisis que guarda mucha relación con el colapso de los bancos en 1932. La solución ha sido intervenir. Una ayuda masiva a instituciones financieras privadas tendrá que ser aprobada por el Congreso, el Gobierno envió el borrador final de su propuesta, para que el Tesoro pueda comprar activos hipotecarios en manos de los bancos por importe de hasta 700.000 millones de dólares, en lo que supone la mayor intervención de la historia, el endeudamiento del país se elevará 11,3 billones de dólares. De esa propuesta 200.000 millones los ha comprometido el Gobierno en el rescate de las otrora gigantescas compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, y 85.000 millones en la intervención de la mayor aseguradora del país, AIG; grandes sumas de dinero público a Wall Street. Otras no recibirán ayuda, como el banco de inversión Merrill Lynch, que, como decimos, ha sido adquirido Bank of America, y Lehman Brother, que recibió la autorización del juez para ser comprado por el británico Barclays. Una forma de nacionalizar en el corazón del libre comercio.
Sin duda todo esto ha sido por una mala administración en las compañías que muy difícilmente podrán justificar. Sin una visión clara del futuro inmediato, sin un conocimiento del mercado – por ineficacia o por soberbia – las cosas son como son. Este es el motivo por el que muchos gobiernos han decidido nacionalizar o renacionalizar sus empresas.
La pregunta es la que exponíamos al principio de este informe y que formulaba la pasada semana el semanario The Economist que en la portada dibuja un océano agitado con bancos, compañías aseguradoras y bancos de inversión a la deriva, era “What next”. ¿Y ahora qué?
Probablemente, haya que volver la vista a los países del sureste asiático, la creación de empresas mixtas de riesgo compartido con participación privada y del Estado, sea una de las soluciones. El espectacular crecimiento de China, único en la historia económica, se basa en una estrategia donde el capital privado nacional y extranjero participa en libertad de acción pero bajo las reglas que aplica el Estado en concierto con los inversores. Además de la pólvora y la imprenta, tal vez hayan dado con la fórmula del libre mercado con intervención estatal ¿o no es eso lo que acaba de aplicar Estados Unidos? La diferencia estriba en hacerlo desde el inicio, compartir los riegos pero también los beneficios. El séptimo de caballería y el dinero del contribuyente no siempre pueden llegar a tiempo.
