La Provincia Autónoma de Puerto Rico fue en 1897 el primer estatuto Autonómico concedido por el Reino de España junto con el de la Provincia Autónoma de Cuba para ratificar una autonomía ya existente en distinto grado entre 1876 y 1897, disolviendo así la Antigua Capitanía General de Cuba, y dando inicio en la provincia de Puerto Rico a un gobierno autonómico de Sufragio Universal Masculino, hasta su disolución tras la Guerra Hispano Estadounidense de 1898, cuando España pierde la guerra.
La provincia es finalmente anexionada como Colonia de los Estados Unidos, provincia autónoma cedida tras perder la guerra, bajo amenazas y coerción por medio del Tratado de París de 1898, y más tarde recibir como título el eufemismo de ¨Estado Libre Asociado¨ en el año 1952, con el cual se determinaba que se le daba permiso a la actual colonia para poder elegir a sus propios gobernadores civiles.
Aunque oficialmente el Gobierno Autonómico se formó en el año 1897, el gobierno provincial empezó a actuar como tal tras la creación de la Constitución Española de 1876, en la cual se daba derecho a todas las provincias de ultramar españolas, independientemente de su distancia respecto a la península a participar en el Congreso de los Diputados de España, en Madrid, disolviendo así los hasta entonces Congresos Autonómicos de ultramar, o Cabildos, que se habían formado años atrás con la intención de dar autonomía a las posesiones de ultramar más alejadas de la Capital.
Estas reformas gubernamentales fueron posibles en gran medida gracias a las innovaciones tecnológicas (telégrafo, barcos de vapor) y a las que se produjeron en los medios de transporte, que posibilitaron la llegada de noticias e informaciones desde los puntos más alejados del país con mayor facilidad. Fue en 1897, cuando el Gobierno Español concedió con previa demanda por parte de los partidos autonómicos ya existentes, la Reforma Autonómica de Puerto Rico que contenía la Carta Autonómica, con la cual se fundó oficialmente lo que a todos los efectos sería considerada hoy día la Comunidad Autónoma de Puerto Rico, la primera autonomía española.
Constitución Española de 1876
Con la proclamación de la Constitución Española de 1876, se determinó que las islas o territorios españoles de ultramar a excepción de las más alejadas (Islas Carolinas, Guam y Palau), y aunque en un principio Filipinas por la distancia, también fue parte de la excepción, más tarde recibió al igual que Cuba y Puerto Rico, tendrían el derecho a tener o retener representantes en el Congreso de Diputados de España y en el Senado de España, disolviendo así los Cabildos que se habían formado con la intención de conceder mayor autonomía a territorios que por su lejanía para la época no podrían ser representados ni administrados de forma adecuada en la Capital. Y que si bien a los entonces territorios americanos agradó notablemente a la población local, en Filipinas, la reforma fue vista con malos ojos y en más de una ocasión la opinión popular del territorio pidió devolver la autonomía como Capitanía General de Filipinas restaurando así también los Cabildos.
España tuvo un siglo XIX convulso política, social y económicamente y sus desavenencias aunado a la distancia afectaba la sana administración del territorio nacional de ultramar, pero sobre todo el bienestar de sus residentes, por ende procuraba encontrar la mejor manera de atender las necesidades de sus nacionales españoles de las provincias de ultramar de manera autónoma y separada de lo que aconteciera en España. Algunos sectores de la manipulación histórica puertorriqueña alegan que España sólo consideró la opción de la autonomía tan tarde como en 1897 ante la inminente posibilidad de la invasión de las Provincias de Ultramar, cuando en realidad existen proyectos de autonomía para las provincias de ultramar tan temprano como en España se vio la necesidad de regular su gobernanza y estabilidad independiente de los vaivenes e inestabilidad de la política española que plasmó todo el siglo XIX. Irremediablemente esa misma inestabilidad política y la práctica novedad del autonomismo, el cual se veía con suspicacia por muchos, afectó los esfuerzos de peninsulares e isleños en busca de soluciones.
Según los datos al menos hasta el 80% de los Puertorriqueños participó en las primeras elecciones con participación de Puerto Rico, Cuba y Filipinas al Congreso de Diputados de España, en las cuales se calcula que en Puerto Rico no se produciría ningún caso de Caciquismo.
Reforma y Carta Autonómica de 1897
En 1897, se sobrepasan las expectativas de los partidos autonómicos de Cuba y Puerto Rico al concederse en Puerto Rico y Cuba dos Reformas y Cartas Autonómicas que a tales efectos las convertirían en las Primeras Provincias Autónomas, lo que en términos modernos equivaldría a la concesión del título de Comunidad Autónoma de Cuba y Comunidad Autónoma de Puerto Rico a las provincias americanas de ultramar que ya no sólo pasarían a retener el derecho a voto y representación tanto en el Senado de España como en el Congreso de Diputados (ostentaban representación y voto porque eran nacionales españoles, ¿acaso extranjeros pueden tener representación en el parlamento español?), si no que además recibirían la total protección de la Carta de Derechos de la Constitución Española, una expansión del Sufragio Universal Masculino y la capacidad de Elegir un Gobierno Autonómico con amplios poderes políticos y de administración que superaba con creces a la autonomía obtenida por Canadá de parte del Reino Unido.
Ese año resultaron electos nuevamente en elecciones democráticas 3 senadores y 15 diputados por la Provincia de Puerto Rico y un Presidente de la Provincia (Comunidad) Autónoma de Puerto Rico.
Acceda a la Carta Autonómica de 1897
La invasión de 1898 no trajo democracia, Puerto Rico perdió sus tres Senadores y quince Diputados Con Voz y Con Voto a cambio de un Comisionado Residente Con Voz Sin Voto. El Gabinete Autonómico fue desmantelado por el Gobierno Militar impuesto por los invasores estadounidenses. Menos personas fueron elegibles para votar en las elecciones bajo la bandera invasora anglosajona. EEUU impuso la remoción de la nacionalidad española, creando un vacío jurídico que les obligó a crear la ciudadanía puertorriqueña, con la conveniencia de esta no tener ningún peso bajo la ocupación con el propósito de remover protecciones constitucionales de cualquier tipo durante el período del gobierno militar y asegurar para los estadounidenses con políticas como la devaluación de la moneda provincial, los impuestos a la propiedad (antes inexistentes) y el cierre de los mercados internacionales, el control y dominio de la mayoría de las tierras en la Isla.
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