Por increíble que parezca, a base de construir y construir, España no solamente ha logrado ser el país europeo con más kilómetros de autovías, sino también duplicar las emisiones de CO2 del transporte entre 1990 a 2007 y ser investigado por la Comisión Europea ante la amenaza de llenar de hormigón unos 180 espacios protegidos. Con un plan de infraestructuras como el PEIT (defendido a capa y espada hasta ahora por el Ministerio de Fomento), que pone la rentabilidad política por encima de la utilidad real o el respeto al medio ambiente, no es de extrañar que se den varias paradojas. Entre ellas, que se solapen tres autovías y una vía rápida en un mismo espacio protegido, como la Sierra de Aracena en Huelva, o que se dañe con dinero europeo el 40% de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 para la protección del lince ibérico (financiada también con dinero europeo).
En WWF llevamos años oponiéndonos a estas obras faraónicas. Muchas de ellas no son rentables económicamente, aunque no parece que la opinión pública se haya preocupado mucho por casos como el de la autovía Cuenca-Teruel, una infraestructura que se quiere realizar con el dinero de todos y que cuenta con un informe previo que la califica como “ruina” económica; algo más de alarma se ha producido cuando las injustificables radiales de Madrid han tenido que ser rescatadas para evitar la quiebra. Además, la mayoría de las autovías proyectadas ni siquiera tienen el tráfico mínimo que el propio Ministerio aconseja para su desdoblamiento (10.000 vehículos/día); algunas, como la propuesta A-43 entre Mérida y Puertollano, no llega ni a la décima parte en algunos tramos. Otros proyectos, como la Cáceres-Badajoz, sólo se justifican por la presión política ejercida, ya que existe otra autovía a unos pocos kilómetros más allá. Otras, como la Toledo-Ciudad Real, cuentan con una demoledora declaración de impacto ambiental negativa. Y el coste de construcción de algunos proyectos alcanza cifras astronómicas, como los 750 millones de la autopista Dos Mares, en Cantabria.
Es el momento de romper con la inercia. Necesitamos un cambio radical en la política de transporte en España, en el que se dejen de hacer autovías sin justificación y donde se prime tener unas carreteras e infraestructuras seguras, de calidad y bien conservadas, frente a unas autovías sin tráfico; en el que se apueste de una vez por el transporte público de ferrocarril frente a la carretera y el avión. Como ha dicho el propio ministro Blanco, “ya nada volverá a ser como antes”. Ojalá sea así. Y menos mal.
Por Juan Carlos del Olmo y Cristina Rabadán (Técnico de red Natura 2000).
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