El Parlamente Europeo demanda, tanto a la Comisión como a los gobiernos nacionales, que estimulen “modelos empresariales innovadores, diseñados para estrechar los vínculos entre las empresas y el contexto social en el que operan” y aquellas que hagan “frente a los desafíos sociales y medioambientales”, según informa Servimedia.

Además, también se quiere incluir la política fiscal de las empresas como parte de la RSC y concretar que el uso de estrategias fiscales o paraísos fiscales no son compatibles con una política socialmente responsable. En referencia a la contratación pública responsable, se pide la eliminación del criterio de adjudicación al precio más bajo y una mayor responsabilidad en la cadena de contratación.

Asimismo, se estudia la posibilidad de crear una “etiqueta social europea” para promover la visibilidad de la RSC y la difusión de buenas prácticas.

La Eurocámara, por su parte, se muestra a favor del informe integrado y se hace eco de los trabajos que está llevando a cabo el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC) por lo que la Comisión tendría que apoyar a esta entidad para hacer de estos informes la norma mundial en la próxima década. Sin embargo, la Comisión “rechaza firmemente” establecer indicadores a nivel europeo que supongan cargas para las empresas, pero apoya los estándares internacionalmente reconocidos.

En términos reguladores, se subraya la necesidad de eleborar normativas coherentes en el entorno internacional y así evitar interpretaciones nacionales divergentes.

Finalmente, el documento hace referencia a los medios de comunicación, a los que se les demanda que incluyan normas periodísticas transparentes en sus políticas de responsabilidad social corporativa, que garanticen la protección de fuentes y los derechos de los denunciantes.

 

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