El lema de este Año Internacional es ´los bosques, para las personas´. En enero escribimos: ¿será que los pueblos del bosque tienen motivo para ´celebrar´? ¿Será que en este año hubo adelantos en el combate a las causas directas de la deforestación, como la extracción de madera y el avance del agronegocio? ¿Qué decir de las causas llamadas indirectas o subyacentes, o sea, aquellas que están detrás de la destrucción forestal, como es el caso de una economía movida por el lucro y la especulación financiera, y un consumo excesivo que beneficia solamente a una minoría de la humanidad?

REDD+

Lo que dominó nuevamente la agenda de los bosques fue el debate sobre el mecanismo REDD+. Los intentos de avanzar con la implantación del REDD+ movieron a bancos, consultores, gobiernos e incluso a muchas ONGs. Ya se gastaron miles de millones de dólares en este proceso, algo que fue denunciado por un grupo de organizaciones, entre ellas organizaciones indígenas (1). Son recursos que podrían ser utilizados para incentivar y multiplicar las experiencias positivas de conservación de los bosques y respeto por los derechos humanos en todo el mundo, no vinculadas al mecanismo REDD.

Llama la atención la ´ceguera´ de aquellos que más insisten en promover REDD+, como el Banco Mundial y diversas empresas consultoras. No parecen percibir las pruebas de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en zonas donde se implementan proyectos piloto de REDD+, como mostró el estudio de caso de un proyecto de Conservación Internacional y Walt Disney en el Congo, realizado por el WRM (2) (publicado en francés e inglés y recientemente también en castellano), así como otros estudios.

Tampoco perciben que cada vez más estudios anuncian que REDD+ no va a funcionar debido a serios obstáculos, principalmente en cuanto mecanismo de mercado (3). Los problemas detectados culminaron en una propuesta, lanzada en Durban durante la COP17 por organizaciones indígenas, de declarar una moratoria al REDD (ver artículo en este boletín).

Mientras Brasil busca presentarse como protector del mayor bosque tropical del mundo, un grupo de parlamentarios de ese mismo país, vinculado al agronegocio, intentó modificar este año el Código Forestal, abriendo el camino para una deforestación legal de millones de hectáreas para beneficiar, principalmente, al agronegocio, mientras la recuperación se plantea a través de proyectos REDD+ y el pago por servicios ambientales, temas para los cuales se están elaborando rápidamente legislaciones específicas.

La apuesta a una ´economía verde´, basada en la mercantilización y el control sobre la naturaleza y el territorio, tiende a provocar un retroceso en los derechos legalmente garantizados de las poblaciones indígenas y tradicionales de Brasil.

El agravamiento de la contaminación, consecuencia de este modelo, intensifica también la contaminación provocada por las grandes corporaciones transnacionales en el Norte, lo que implica más impactos para las poblaciones indígenas y otros sectores que viven alrededor de esas industrias y sus zonas extractivas en el Norte, intensificando el racismo y otras injusticias ambientales y sociales.

En el Sur también significa, a mediano y largo plazo, impactos negativos para los bosques tropicales, haciendo de REDD+ un proceso contraproducente, incluso para aquellos que piensan que el ´bosque en pie´ y un cierto control sobre el mismo garantizarán su futuro.

Faltan propuestas estructurales para atacar las causas directas e indirectas de la deforestación. Las que hay, continúan siendo consideradas por los gobiernos y sus interlocutores como muy ´radicales´. Pero sin esas propuestas ´radicales´ el clima sufrirá un aumento de temperatura de cerca de 4 grados en poco tiempo (4). Eso sí significa un cambio realmente radical en la vida de centenares de millones de personas en todo el mundo, principalmente mujeres, más vulnerables a los cambios climáticos.

La definición de bosques

Otro factor que incentiva la deforestación es, sin dudas, la definición de bosques de la FAO, que llama bosques a los monocultivos de árboles. El WRM realizó una mini campaña intensa sobre el tema este año, elaborando herramientas y entregando una carta a la FAO en setiembre en la que exhortaba a la organización a iniciar urgentemente un proceso de revisión de esta definición, con participación efectiva de los pueblos del bosque.

Puede ser que la lucha contra la definición actual de los bosques haya tenido algún eco durante la COP 17 en la recomendación realizada por el SBSTA (5), el órgano asesor de la Conferencia de las Partes, en el marco del debate sobre REDD. El SBSTA sugiere que cada país pueda hacer su propia definición del bosque, diferente de una definición única por parte de la UNFCCC.

Aunque por una parte esto abre el espacio para luchar en cada país por definiciones que excluyan a los monocultivos de árboles y contemplen mejor la realidad local de los bosques, por otro lado abre también una brecha para que se formulen definiciones que promuevan todavía más el avance de los monocultivos.

La última opción es la más probable, debido al gran poder de lobby de las empresas del sector y de las instituciones financieras que incentivan las plantaciones de árboles ante los gobiernos nacionales, cuyos representantes están acostumbrados a que sus campañas electorales sean financiadas por las empresas forestales, y de los cuales las empresas consiguen obtener, a modo de ‘intercambio’, tierras, ventajas e incentivos. Sin una definición y referencia clara a escala internacional, la puerta está abierta para definiciones que atiendan aún mejor los intereses corporativos.

La falta de interés en abordar las causas subyacentes de la deforestación se vuelve todavía más evidente si consideramos el avance en los planes de las falsas soluciones para la crisis del clima. Un ejemplo de ellas es la utilización de agrocombustibles, en especial la biomasa de madera, para generar energía en Europa. Se trata de un intento por mantener el actual sistema insustentable de producción y consumo, recurriendo nuevamente a los sistemas de certificación como el FSC para los monocultivos de eucalipto y pino, y RSPO para las plantaciones de palma para producción de aceite de palma.

Ninguno de los dos sistemas de certificación evita que haya graves violaciones de los derechos humanos, como lo demuestra, por ejemplo, el artículo de Indonesia en este boletín. Los gobiernos prefieren atender intereses corporativos y bancarios, que preocuparse por el bienestar y futuro de las personas y del ambiente, incluso del clima. Buscan enfrentar la crisis económica con los mismos moldes de siempre, sin preocuparse por establecer límites a la explotación de la naturaleza o que los grandes contaminadores reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La resistencia

Tendríamos poco para celebrar este año si no hubieran ocurrido profundos cuestionamientos al ´lavado verde´ de los sellos de certificación, como el del FSC, en los países del Norte (6) y, principalmente, si no fuera por la resistencia de los pueblos de los bosques y de otros biomas que han luchado en varios países del Sur contra la deforestación y han resistido en zonas donde los gobiernos incentivaron la plantación de monocultivos de árboles y otras formas de usurpación de tierras.

Se vuelve cada vez más evidente que es necesario reconocer los derechos de esas poblaciones, sino se perpetuará la violación de sus derechos y la criminalización de quienes solamente luchan por su defensa, algo que ocurre en muchos países, desde Chile en las zonas de monocultivos de pinos, hasta Indonesia, en torno a las plantaciones de eucalipto y de palma africana. Respetar los derechos de los pueblos que habitan y dependen de bosques y de otros biomas es la mejor forma de conservar los bosques, reducir el impacto de los cambios climáticos y promover la seguridad y soberanía alimentarias.

Para avanzar en ese camino creemos que una tarea fundamental es incentivar y articular los más diversos procesos de resistencia, desde la lucha por la conservación de los bosques hasta la lucha contra el sistema financiero internacional, creando lazos de solidaridad entre los pueblos del Sur y también con los pueblos del Norte y aumentando así la presión sobre empresas y gobernantes.

Es importante que la voz de los diferentes pueblos, contraria a la privatización y a la apropiación de las tierras y de la naturaleza y a favor de sus derechos humanos básicos, tenga un eco más fuerte y articulado en los próximos grandes eventos, como Rio +20 (ver la convocatoria de Rio +20 en este boletín). Y finalmente, reforzamos también el llamamiento global de La Vía Campesina, lanzado el mes pasado en Malí, África, contrario al proceso de acaparamiento de tierras.

 

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