El número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo a causa de conflictos y persecuciones es de 43,3 millones, según cifras del año 2009. De estos, aproximadamente 22 millones son niños, niñas y jóvenes menores de 22 años refugiados y desplazados, que representan el 51% del total. De los 43 millones, 15,2 millones son personas refugiadas, 27,1 millones son personas desplazadas dentro de su propio país y cerca de un millón de personas son solicitantes de asilo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Valeria Méndez de Vigo, responsable del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas, ha señalado que “pese a que el derecho a la educación está reconocido por la comunidad internacional, éste se vulnera de manera sistemática, habiendo una brecha entre teoría y práctica”. Y es que lo cierto es que una gran mayoría de niños y niñas desplazados no recibe educación. Tampoco la población adulta y joven desplazada o refugiada ve satisfecho su acceso a una educación y aprendizaje permanente. Esta vulneración del derecho a la educación dificulta el cumplimiento de otros derechos.
La coordinadora del informe, Valeria Méndez de Vigo, también ha manifestado que “pese a que hay un fuerte anhelo y deseo de retornar a sus hogares, la mayoría de la población refugiada lo estará durante un periodo largo, con una media de diecisiete años”. Este hecho tiene importantes implicaciones para niños, niñas y jóvenes, ya que pasarán su infancia y juventud en campos de refugiados o en asentamientos improvisados. Estos desplazamientos masivos de población implican para millones de niños y niñas una desventaja educativa extrema de cara al futuro.
El informe hace un especial hincapié en el tema de género. En los campos de refugiados es menor el número de niñas que acuden a la escuela que el de niños. Esta diferencia es mayor a medida que aumenta el nivel educativo, de manera que, por lo general, se aprecia un importante descenso en el porcentaje de niñas que participan en niveles superiores de la educación primaria o secundaria.
En educación secundaria, las cifras de desigualdad por razón de género son aún mucho mayores. En este sentido, Leone Lam Ferem, sudanés, refugiado juntamente con toda su familia durante 14 años en Uganda, y en la actualidad director de proyectos de SJR en Lobone (Sur Sudán), ha explicado de primera mano la importancia de la educación de las niñas y jóvenes “ya que las niñas de ahora son las mujeres del futuro. Educar una niña es educar el mundo, y este es nuestro deseo para ser un país fuerte”, ha indicado. Además, ha expuesto los beneficios del programa “Acción Afirmativa” que se lleva a cabo en Lobone y Nimule, en el que “el número de niñas que acaban la secundaria ha incrementado considerablemente en los últimos años gracias a todas las acciones de promoción de la escolarización de las niñas”. “Cuando después de 21 años de guerra, pudimos volver a nuestros hogares, la gente se preguntaba por qué habíamos vuelto ya que no había nada, ni escuelas ni infraestructuras. Dábamos clases debajo de un árbol, pero poco a poco se fueron creando escuelas y hogares, y ahora los niños vuelven a jugar en la calle”, ha manifestado.
Carol Fernanda, miembro del equipo de acción humanitaria y prevención del SJR en Colombia, ha puesto sobre la mesa la vivencia de miles de mujeres y niños que se ven obligados a desplazarse forzosamente de sus hogares a causa del conflicto sociopolítico. “Una de las principales causas de desplazamiento es la vinculación y posterior reclutamiento de niños, niñas y jóvenes”, ha explicado. Además, en Colombia uno de los peligros más grandes es el de la invisibilización de la población desplazada, ya que no suele producirse en masa, sino “gota a gota, hacia la periferia de las grandes ciudades, estableciéndose en barrios ya de por sí vulnerables: la gente llega silenciosamente a los barrios, y esta realidad pasa a ser invisible”.
Las principales conclusiones del informe inciden en que la educación es un derecho de todas las personas reconocido por la comunidad internacional, que se vulnera; en los casos en los que existe el acceso a la educación, ésta suele darse sólo en las primeras etapas educativas, y la calidad es, en ocasiones, deficiente; la educación es considerada fundamental por las propias personas refugiadas y desplazadas; hay una marcada discriminación en el acceso a la educación de las niñas refugiadas y desplazadas y, sobre todo, un abandono mucho mayor de la escuela; la educación constituye una herramienta de protección para la población refugiada y desplazada; la educación es una condición para el desarrollo; y que la educación debe ser prioritaria en el trabajo con población refugiada o desplazada y constituye una acción fundamental en situaciones de emergencia.
Ampliar la definición y por tanto el amparo legal de los refugiados y desplazados, mejorar las condiciones de repatriación y de asilo, así como promover desde la Comunidad Internacional unas políticas justas y que protejan a todas estas víctimas son algunos de los retos que propone el informe. Para ello, la educación es una de las claves esenciales.
Video del trabajo educativo del SJR en Sur Sudán y Colombia.
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